Legisladoras y legisladores de los Partidos Revolu-cionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrá-tica (PRD) presentaron por separa-do dos puntos de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para pedirle al goberna-dor de Guanajuato, Juan Manuel Oliva y al procurador estatal Carlos Zamarripa Aguirre, liberar a las seis mujeres encarceladas por interrum-pir sus embarazos.
Los senadores priístas Francis-co Agustín Arroyo Vieyra y María del Socorro García Quiroz, presentaron un proyecto con punto de acuerdo para exhortar al gobernador de Gua-najuato liberar a las mujeres “que han sido sentenciadas y encarcela-das injustamente por el delito de homicidio en razón de parentesco”, un hecho que, dijeron, encubre la criminalización del aborto y la falta de acceso a los servicios de salud y justicia.
La diputada Mary Telma Gua-jardo Villarreal, del PRD, presentó otro proyecto similar con un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente instruya al procurador de Justicia del estado, Carlos Za-marripa Aguirre, a realizar una va-loración exhaustiva de las averigua-ciones previas y procesos penales en donde el Ministerio Público acusa a las mujeres de haber cometido el delito de homicidio en razón de pa-rentesco.
SENTENCIAS
ESCANDALOSAS
De acuerdo con la exposición de motivos, los legisladores del PRI señalan que son particularmente escandalosos los casos de las seis mujeres que se encuentran cum-pliendo sentencias de entre 25 y 29 años de cárcel por causas de aborto que, sin embargo, han sido tipifica-das como “homicidio en razón de parentesco”, con lo cual las penas se incrementan significativamente.
Para dimensionar el alcance de las penas impuestas a estas mu-jeres, citaron el Código Penal fede-ral, el cual, castiga con 15 a 40 años de prisión el delito de secuestro, y con 10 a 25 años la producción, transportación, comercialización, tráfico o suministro de drogas.
Consideraron que las caracte-rísticas de las sentencias dictadas en estos casos, han hecho que los nombres de estas seis mujeres lle-guen ante los más importantes or-ganismos internacionales, como la Oficina en México del Alto Comisio-nado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Recordaron que infor-mación de varias organiza-ciones civiles indica que prácticamente todas las mujeres acusadas por ho-micidio en razón de paren-tesco sufrieron abortos in-voluntarios, lo que significa un cuestionamiento sobre el acceso a los servicios de salud de un gobierno que “constantemente devalúa la autonomía de decisión de las mujeres sobre su vida y su cuerpo”.
Finalmente precisaron que acciones como ésta so-meten a las mujeres a una enorme presión desde las posturas más conservadoras e intolerantes de la sociedad.
“Basta recordar los cuestiona-mientos que la directora del Instituto local de la Mujer, Luz María Ramírez Villalpando, hizo sobre los valores de las mujeres tatuadas; sorpren-dentes viniendo de una institución encargada de defender los derechos de las mujeres”, enfatizaron.
En este contexto, dijeron que este fenómeno de criminalización de las mujeres no es menor y por ello es preciso evitar que se generalice; “no se puede obviar que los sistemas judiciales en algunos estados están actuando, no en función de lo que es justo sino de lo que es acorde con la moral de los gobernantes en turno”.
Refirieron que se trata de un problema serio de simulación y alte-ración de la Ley para encubrir los encarcelamientos por motivo de aborto.
ALERTA DE GÉNERO EN GUANAJUATO
A su vez, la diputada Guajardo Villarreal del PRD exhortó al gober-nador de Guanajuato a que instruya al procurador de Justicia del estado, valorar las averiguaciones previas y procesos penales en donde se acusa a las mujeres por el delito de homicidio en razón de parentesco a fin de evitar violaciones a sus garan-tías del debido proceso y a sus derechos humanos.
Pidió a la Comisión Permanen-te que se haga un llamado al se-cretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, para que éste, a su vez, emita una alerta de género en dicha entidad, en los términos estableci-dos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Consideró necesario exhortar a Rocío García Gaytán, titular del Instituto Nacional de las Mujeres para que en el ámbito de sus atri-buciones se pronuncie en contra de las medidas de criminalizar a las mujeres guanajuatenses que de manera libre y voluntaria deciden interrumpir un embarazo no desea-do.
Para la legisladora perredista prohibir, penalizar o castigar el abor-to pone en peligro el bienestar de un gran número de mujeres y, en mu-chos casos su vida, “ya que propicia la clandestinidad de esta práctica en condiciones insalubres”, así afirmó que la propia Organización Mundial de la Salud ha recomendado que el aborto consentido de la madre deba ser libre, gratuito y no punible.
Ambos proyectos presentados en el Pleno de la Comisión Perma-nente están a la espera de ser apro-bados. (CIMAC)
